BOGOTÁ D.C. 24 de abril 2026 – El concejal Fabián Puentes, del Partido MIRA, presentó una alarmante radiografía sobre la situación de la población mayor en la capital. Durante un debate de control político en la Comisión Segunda de Gobierno, el cabildante advirtió sobre el crecimiento en los índices de maltrato y abandono. Además, expuso irregularidades administrativas que comprometerían la transparencia de los recursos distritales.
Alarmante aumento de la violencia contra adultos mayores
“Hablar del adulto mayor debe significar hablar de dignidad, cuidado y respeto. Concebimos la protección de la persona mayor como una responsabilidad social y del Estado”, manifestó Puentes. El concejal denunció que los casos sospechosos de violencia incrementaron un 186% en los últimos cinco años. Según sus hallazgos, el 70% de las víctimas son mujeres, principalmente residentes en estratos 2 y 3.
En el marco demográfico, la precariedad económica agrava la soledad en la vejez. Puentes añadió que el 72.8% de esta población percibe ingresos inferiores a un salario mínimo. Esta situación los deja en absoluta indefensión ante el alto costo de vida en la capital. “Duele que existan personas mayores sin comida ni hogar; el Estado debe ser su apoyo para vivir con dignidad”, enfatizó.
Denuncia por pagos irregulares a personas fallecidas
La transparencia en los programas sociales también recibió duros cuestionamientos. Puentes evidenció un presunto detrimento patrimonial de 2.857 millones de pesos tras revisar auditorías de la Contraloría.
Dentro de los hallazgos más críticos del Proyecto 7770, el concejal detectó 350 pagos irregulares realizados a personas fallecidas. “En Bogotá pagan subsidios a fallecidos mientras los adultos mayores vivos esperan en fila. Es básico cruzar la base de beneficiarios con el registro de defunción”, denunció el representante de MIRA.
Urgen medidas para proteger a la población mayor
Finalmente, el concejal Puentes solicitó un fortalecimiento inmediato de la respuesta institucional. “Urge trabajar en campañas de sensibilización, mayor apoyo psicosocial y mecanismos de denuncia efectivos”, señaló. Asimismo, exigió una supervisión rigurosa en la ejecución contractual para garantizar que no se desvíe ni un solo peso destinado a los ciudadanos más vulnerables.
