De 1.918.710 comparendos de convivencia impuestos entre 2022 y abril de 2026, solo 68.632 terminaron en una multa efectiva. Más de 1,8 millones de expedientes permanecen represados en las Inspecciones de Policía sin decisión definitiva.
Asimismo, 98 de cada 100 personas sorprendidas con armas cortopunzantes no recibieron ninguna sanción: de 726.683 comparendos, solo 9.404 casos (1,3%) terminaron en multa. Debido a esto, el Distrito dejó de cobrar $646.599 millones. Por cada peso recaudado en multas de convivencia, otros veintisiete quedaron sin cobrar.
Bogotá, D.C., 16 de julio de 2026. Así lo denunció la Bancada del Partido Político MIRA en el Concejo de Bogotá, liderada por el concejal Samir Bedoya Piraquive y el concejal Fabián Puentes. Según datos de la Secretaría Distrital de Gobierno y la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, entre 2022 y abril de 2026 las autoridades distritales impusieron 1.918.710 comparendos de convivencia. De esta alarmante cifra, sólo 68.632 —el 3,5%— derivaron en una multa efectiva, mientras que el 96,5% restante permanece represado en las Inspecciones de Policía sin una decisión definitiva.
El 96% de los comparendos en Bogotá quedan sin sanción
De acuerdo con el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016), el comparendo no constituye la sanción en sí misma. En realidad, es la orden que entrega el personal uniformado de la Policía para que el presunto infractor comparezca ante la autoridad competente o cumpla una medida correctiva. La multa solo existe cuando un inspector de policía adelanta el debido proceso y la impone en firme. Desafortunadamente, es precisamente ese paso administrativo el que no está ocurriendo con los comparendos en bogotá.
Impunidad en el porte de armas cortopunzantes
El impacto de este represamiento afecta directamente la seguridad de la ciudadanía. En cuatro años se registraron 726.683 comparendos por porte de armas cortopunzantes en Bogotá, pero solo 9.404 casos recibieron una sanción real.
“De cada cien personas sorprendidas con un arma en la calle, noventa y ocho siguieron su camino sin ninguna consecuencia. El comparendo existió. La autoridad, no”, afirmó de manera contundente el concejal Samir Bedoya Piraquive.
Desigualdad en la gestión: El caso de Antonio Nariño frente a Suba y Kennedy
Según el análisis detallado de los cabildantes, la eficacia sancionatoria varía drásticamente entre las diferentes localidades de la capital. Mientras Suba registra un preocupante 0,07%, Kennedy el 0,21% y Bosa el 0,10%, la localidad de Antonio Nariño alcanza el 16,76% de efectividad.
Antonio Nariño opera muy por encima del resto de la ciudad utilizando los mismos recursos y el mismo marco legal. La propia Secretaría de Gobierno reconoció en su respuesta oficial que no cuenta con lineamientos generales para orientar a los inspectores. Por lo tanto, no existe una explicación institucional documentada para esta alarmante diferencia. “La diferencia no está en los medios. Está en cómo se gestionan”, enfatizó Bedoya.
Pérdidas millonarias: El Distrito dejó de cobrar más de $646.000 millones
La ineficiencia del sistema también se traduce en un enorme impacto fiscal. El potencial de recaudo estimado entre 2022 y abril de 2026, si el esquema hubiese operado a plena capacidad, era de $670.489 millones. Sin embargo, lo efectivamente cobrado por el Distrito fue de tan solo $23.890 millones. Esto significa que por cada peso recaudado en multas de convivencia, el sistema dejó perder otros veintisiete pesos.
“No venimos a especular. Cada cifra que presentamos está tomada de la propia respuesta escrita del Distrito”, señaló el concejal Fabián Puentes Sierra. “El problema de los comparendos en bogotá no es el volumen de las infracciones, sino que el Distrito no cierra los casos, no los cobra y no responde por ello”.
Peticiones de la Bancada del Partido MIRA
Ante este panorama, la Bancada del Partido Político MIRA solicitó formalmente a la Administración Distrital revelar el estado legal detallado de los casi 1,8 millones de expedientes represados en las Inspecciones de Policía. De igual manera, exigieron estructurar un plan de descongestión con metas trimestrales verificables, tomando como referencia exitosa el modelo de gestión aplicado en Antonio Nariño.
La bancada reiteró que el comparendo, bien aplicado, es un instrumento razonable para la convivencia ciudadana. Por ello, su exigencia principal es que el Distrito lo convierta en consecuencias reales para quienes incumplan las normas vigentes.
