Los partidos aquí firmantes acogemos la solicitud del Centro Democrático de suspender las deliberaciones del Senado de la República en solidaridad con el senador Miguel Uribe Turbay, víctima de un atroz atentado que repudiamos enérgicamente.
Ante la falta de garantías y los evidentes sesgos del gobierno contra la oposición, acudiremos a instancias internacionales que nos brinden las condiciones de equidad que el gobierno nacional nos niega. Asimismo, instamos al Procurador General de la Nación a activar y liderar la Comisión Nacional de Vigilancia y Control Electoral para garantizar la transparencia y seguridad que los partidos de oposición e independientes exigimos frente a la hostilidad del Ejecutivo.
Colombia atraviesa momentos que rememoran los capítulos más oscuros de nuestra historia reciente. El miedo, la incertidumbre, la polarización y el avance descontrolado de la criminalidad han secuestrado la vida nacional, generando inseguridad en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Lejos de mitigar esta crisis, el gobierno del presidente Gustavo Petro parece empeñado en agravarla. Su persistencia en exacerbar la polarización, fomentar el enfrentamiento, desconocer la institucionalidad, señalar a opositores y descalificar a quienes disienten profundiza la fractura social y política que nos consume.
Hoy, ningún ciudadano ni actor político está exento de la vulnerabilidad que impone el auge desenfrenado de la criminalidad. El presidente Petro, ajeno a esta realidad, insiste en una radicalización que nos ha llevado al borde del abismo. Su gestión, en lugar de promover consensos, se aferra a la confrontación, ignorando el clamor de un país que exige un liderazgo responsable y soluciones efectivas.
Exigimos al gobierno nacional mesura, respeto absoluto por la institucionalidad y el cese inmediato de maniobras destinadas a eludir las normas para satisfacer intereses políticos y electorales. Las instituciones de Colombia —la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República, el poder electoral y los medios de comunicación— no son instrumentos al servicio de agendas particulares. Son pilares de nuestra democracia, conscientes de su responsabilidad histórica con la nación.
Hacemos un llamado urgente al presidente Petro para que rectifique su rumbo, abandone la retórica divisiva y gobierne para todos los colombianos, no para una facción. La institucionalidad no cederá ante la arbitrariedad, y el pueblo colombiano, firme en su compromiso con el futuro, no flaqueará en la defensa de su democracia. Es hora de unirnos como nación, restaurar la confianza en nuestras instituciones y trabajar juntos por una Colombia en paz, justa y próspera.
