- Además, la legalización de barrios en Bogotá ha disminuido drásticamente en un 66% al comparar los cuatrienios 2016-2019 y 2020-2023.
- A enero de 2024, Bogotá presentaba un rezago crítico con 242 asentamientos informales que abarcaban 1.114 hectáreas y más de 122.000 personas. De estos, 133 eran asentamientos de origen informal no legalizados, ocupando 283 hectáreas de suelo urbano sin reconocimiento formal.
- En 2025, únicamente el barrio Los Alpes La Esperanza en San Cristóbal ha sido legalizado, evidenciando la lentitud del proceso.
Las cifras reveladas en el debate de control político Legalización de barrios y titulación de predios en Bogotá, citado por la bancada del Partido MIRA en el Concejo de Bogotá, integrada por los concejales Fabián Puentes y Samir Bedoya Piraquive, fueron el diagnóstico de la realidad que viven más de 50,000 bogotanos, con una calidad de vida precaria según la Encuesta de Calidad de Vida 2024 del DANE.
En ese sentido, el concejal presidente de la Comisión del Plan, Fabián Puentes, expuso las razones de esta situación debido a los largos tiempos de trámite, que superan los tres años en la Secretaría Distrital de Planeación, y señaló el impacto en comunidades como La Esperanza en Chapinero. “La legalización de barrios dignifica a las familias y fortalece al Distrito”, afirmó Puentes, instando a la administración a implementar un plan integral de legalización y mejorar la coordinación entre entidades como la Secretaría del Hábitat, Planeación e IDIGER.
Destacó que en el cuatrienio 2020–2023, se legalizaron 30 barrios en total, lo que equivale a la misma cantidad que se logró solo en 2019, pero repartida en 4 años y comparado con el cuatrienio anterior (2016–2019, con 90 barrios legalizados), la caída ha sido de más del 66,6 %. Por lo anterior, se destacó la urgencia de priorizar a las familias vulnerables en estos barrios.
Asimismo, afirmó que aunque se estima que la legalización de un barrio toma hasta tres años, en la práctica los tiempos reales superan ampliamente ese plazo. Hay trámites que se prolongan por más de cinco e incluso siete años. Y en ese sentido, también resaltó el Auto 373 de 2016 de la Corte Constitucional, que establece la legalización como una condición esencial para garantizar el derecho a la vivienda y derechos conexos.
Por otra parte, el concejal Samir Bedoya hizo un llamado urgente a superar la necesidad de legalizar barrios en una ciudad como Bogotá, que debería enfocarse en urbanizaciones planificadas. “Hablar hoy en Bogotá, en pleno año 2025, de titulación y legalización de barrios no es deseable para una ciudad con las características de Bogotá. Deberíamos estar hablando de urbanizaciones debidamente planificadas, con buenas vías, con buen equipamiento para la gente, con colegios, con parques, incluso con universidades”.
Bedoya destacó que los más de 700 barrios pendientes de legalización reflejan una ejecución “muy muy lenta” y que los habitantes de estos barrios “no se sienten que pertenecen a Bogotá, se sienten aislados de la ciudad, invisibles para las diferentes entidades”. Bedoya presentó el caso del barrio Divino Niño (Ciudad Bolívar), donde más de 300 familias esperan la legalización desde 2021, enfrentando problemas como la falta de presión de agua potable: “Desde el año 2021 que se erradicó el expediente, han pasado por lo menos tres, casi cuatro años, y no se ha dado el proceso de legalización”.
También abordó la titulación, señalando que las 50,000 personas sin título de propiedad enfrentan barreras para acceder a subsidios de vivienda: “Estamos hablando de más de cuatro veces llenar el Movistar Arena”, por lo que propuso crear un “grupo de choque” en la Secretaría de Planeación para agilizar los procesos y revisar las barreras legales en los programas de titulación de alcaldías locales.
Ambos concejales coincidieron en que los barrios no legalizados generan costos adicionales al Distrito, desde conexiones ilegales de agua hasta problemas ambientales y de seguridad. Bedoya advirtió: “Estos barrios no legalizados, que no tienen buena iluminación y donde los servicios de seguridad enfrentan dificultades para llegar por el mal estado de las vías, los estamos dejando casi a la merced de la delincuencia”. La legalización y titulación son esenciales para reducir la pobreza multidimensional, que afecta al 37% de los bogotanos según Bogotá Cómo Vamos, y para cumplir con metas de desarrollo sostenible como el acceso a agua potable (ODS 6) y vivienda segura (ODS 11).
Para finalizar, en el debate, la secretaria de Planeación, Úrsula Ablanque, reveló que esta semana está por finiquitar la legalización del barrio Divino Niño, el cual el Partido MIRA ha trabajado desde el año 2014 con la comunidad y el Distrito, lo que mejorará su calidad de vida.
