Telefonía Celular: ¡Beneficio para Todos!

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EXPLICACIÓN de la Propuesta:

Con la intención de frenar el hurto y posterior venta de los equipos celulares robados, un delito que en el último año ha causado cerca de 500 muertes en todo el País, el Gobierno Nacional expedió el decreto “Por medio del cual se adoptan medidas para restringir la operación de equipos terminales hurtados que son utilizados para la prestación de servicios de telecomunicaciones móviles”.

Aunque la medida pretende mitigar el impacto en la Seguridad Ciudadana que este flagelo representa, es preocupante que alrededor de 50.000 familias se verían afectadas con la entrada en vigencia de la medida, entre comerciantes, vendedores de minutos informales, importadores y fabricantes de accesorios. Aquí un resumen de la Propuesta.

LIDERADO por:

Carlos Alberto Baena. Senador de la República. Integrante de la Comisión Sexta de Comunicaciones, tarifas, funciones públicas y prestación de Servicios Públicos de la Cámara Alta del Congreso de Colombia.“Le pedimos a los operadores que sean solidarios, que le den empleo a los que venden minutos y a los comerciantes, que el usuario no se perjudique, y que el Gobierno Nacional no expida la regulación del decreto hasta tanto se brinden mayores garantías a todos los actores de la Telefonía Celular en Colombia”.

NOTICIAS recientes:

Una nueva Audiencia Pública para hacer seguimiento al Decreto 1630 de 2011 y a su regulación por medio de la cual se restringe la comercialización de celulares, ha convocado el Partido Político MIRA.

En defensa de los derechos de los usuarios, comerciantes, distribuidores de equipos de Telefonía Móvil y demás actores del gremio, se llevará a cabo el jueves 14 de julio de 2011 la segunda Audiencia Pública sobre Telefonía Celular en el Congreso de la República.

Este evento, convocado por los senadores Carlos Alberto Baena y Alexander López se realizará a partir de las 8 a.m. en el Auditorio Luis Guillermo Vélez del Edificio Nuevo del Congreso y contará también con transmisión en directo por Canal Congreso.

MOTIVOS PARA PRESENTAR la propuesta de modificación al Decreto 1630:

Un llamado de urgencia elevó el senador de la República y Presidente del Partido Político MIRA, Carlos Alberto Baena al Gobierno Nacional, para que en la regulación del Decreto 1630, que busca controlar la comercialización de celulares en Colombia, se evite que los operadores ejerzan una posición dominante sobre el mercado y se legisle para beneficiar a los usuarios.

El Congresista, integrante de la Comisión Sexta de Comunicaciones y Servicios Públicos del Senado de la República, abanderó la Primera Audiencia sobre Telefonía Celular del Parlamento Colombiano, así como el gran debate a la puesta en marcha del decreto 1630 del 19 de mayo de 2011.

Para el senador Baena, medida está hecha para beneficiar a los operadores y no a los usuarios, ya que con el decreto se busca controlar el número de identificación de los celulares (IMEI) y no las Sim Card, que se han convertido en el verdadero problema, uno generado por los mismos operadores; una buena base de datos debe contener tanto el IMEI como el número SIM, visualizando al usuario y evitando fraudes.

El decreto además no contempla sanciones para los operadores que activen aparatos de dudosa procedencia, concentra el manejo de las bases de datos en los operadores, lo que podría generar un nuevo costo para los usuarios, perjudica al pequeño comercializador y le quita la posibilidad al usuario de encontrar precios más bajos y con la implementación de esta norma, el operador terminará cobrándole al usuario el registro en la base de datos.

Baena López le solicitó al Ministro de Las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, Diego Molano que no se expida la Regulación del decreto hasta tanto no se blinde socialmente el tema y se le garantice a los usuarios que se les brindará un mejor servicio con tarifas mas bajas.

Perjuicios Sociales: “Nos preocupa que alrededor de 20.000 comerciantes se verían afectados y tendrían que cerrar sus negocios, quedando fuera del mercado; pero el problema es más grande aún, cuando se analiza que de ellos dependen familias enteras, así como empleados y comerciantes que negocian otros bienes y servicios”, aseguró el Parlamentario de MIRA.

El problema real radica en lo siguiente: Con la salida de los comerciantes, y quedando solo los operadores autorizados para la venta de los equipos, lo más probable es que los consumidores a futuro deban comprarlos a mayores costos.

¿De donde surgió el decreto 1630?

Con la intención de frenar el hurto y posterior venta de los aparatos móviles robados, una cadena de delito que en el último año ha causado 490 muertes en todo el territorio nacional, el Gobierno Central motivó a expedición del decreto 1630 de 2011, “Por medio del cual se adoptan medidas para restringir la operación de equipos terminales hurtados que son utilizados para la prestación de servicios de telecomunicaciones móviles”.

La norma ejecutiva establece entonces restricciones para la utilización de teléfonos celulares robados o extraviados en el país, lo que traería cambios en el consumo del servicio de telefonía y nuevas obligaciones para los vendedores de equipos y para los usuarios.

Según el decreto, las personas autorizadas para la venta al público de terminales móviles deberán cumplir con los requisitos previstos en la Ley 232 de 1995. Los equipos en venta deberán estar debidamente homologados de acuerdo lo establezca la Comisión de regulación de Comunicaciones CRC.

En otras palabras, cualquier persona que los proveedores de redes y servicios (Operadores de Telefonía en Colombia, Tigo, Movistar, Uff y Comcel) autoricen, así las que el Ministerio de TICs permita. 1630 de 2011.

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