Incrementos “Gota a Gota” Por: Carlos Alberto Baena López @Baena

Las tarifas del agua en Colombia se han incrementado. El valor que las personas pagan por tener en sus casas el servicio público de acueducto y alcantarillado, comienza a sufrir alzas importantes que, en los estratos 1, 2 y 3, se sentirán con mayor intensidad.

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA, expidió el año pasado la Resolución 750 subiendo los costos, justificando la medida en mejorar los índices de ahorro y estimular el uso eficiente del agua por parte de todas las familias en Colombia.

Sin embargo, la reducción en el consumo básico de los hogares es más que restrictiva. Por ejemplo, en las ciudades ubicadas por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar, la Resolución de la CRA indica que las casas en las que utilizan 20 metros cúbicos de agua, sólo podrá disponer de 11.

En el caso del estrato 1 en Bogotá, la primera factura de este año, que está próxima a llegar, se incrementará en un 58% si se consumen los tradicionales 20 metros cúbicos. En dinero, esto equivale a 32 mil pesos más. Dentro de un año, en el 2018, la situación será aún peor, pues el alza será del 105%, es decir, de 56.500 pesos.

El perjuicio alcanzaría, sólo en la Capital de la República, a alrededor de 400.000 familias, prácticamente la tercera parte de los usuarios del servicio. En todo el país, se verían afectados cerca de 8 millones de suscriptores.

Lo que es aún más lamentable, es que la aplicación de esa resolución desconoce la realidad actual respecto del consumo. Luego de la crisis energética, el país sigue haciendo bien la tarea de usar razonablemente el agua. Las metas de ahorro se están cumpliendo con regularidad. Por lo tanto, aunque es cierto y necesario ser cuidadosos en el consumo y el gobierno debe velar porque ese sea el comportamiento general, la reducción de los niveles básicos como se encuentra regulada, se convierte en una medida desproporcionada.

Estas consideraciones nos condujeron, como Partido Político MIRA en el Congreso, a solicitar formalmente a la CRA que derogue la resolución. Mantener vigente la norma, acrecentaría la problemática social y profundizaría la inequidad, pues desconoce la realidad por la que atraviesa el país, mientras que establece diferencias injustificadas con otros usos y estratos del servicio público del agua.

Columna publicada en el diario impreso:

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