Impunidad, el otro drama de los ataques con ácido – Diario El Tiempo

La agresión contra Yenny Pardo revive el debate acerca de endurecer las penas.

A pesar de que este año ya se habían registrado siete ataques con ácido en Bogotá antes del suyo, el caso de la universitaria Yenny Marcela Pardo se robó la atención de la ciudadanía y de los medios de comunicación.La agresión que sufrió esta mujer, de 28 años, coincidió con la indignación que causó en algunos sectores el hecho de que, días antes, el senador Roosvelt Rodríguez presentó una ponencia negativa en el Congreso de la República, con la que apuntaba a hundir el proyecto de ley para endurecer las penas a quienes cometieran agresiones con agentes químicos, pero esta fue retirada.

Para muchos, aumentar las condenas es la mejor alternativa para reducir la incidencia de este delito, cuyos niveles de impunidad son alarmantes y ubican a Colombia en el tercer lugar del mundo donde se reportan más episodios violentos de este tipo, con 136 casos registrados entre el 2011 y el 2012. En el primero y segundo lugares, respectivamente, están Bangladés (221 casos) y Pakistán (177). Eso, teniendo en cuenta que la población de estos dos países asiáticos es hasta tres veces mayor que la colombiana.

A ello se suma que, de acuerdo con las cifras recopiladas por la propia Fiscalía General de la Nación, de los 134 procesos penales que recibió entre el 2005 y noviembre del 2014 por esta causa, solo cinco han llegado a una condena, 10 están en etapa de juicio y 13 fueron archivados.

“Hemos alzado la voz en lo que significa esta problemática, que debe tener un castigo severo. Tiene que ser más integral de lo que se está proponiendo ahora. Es un trabajo que venimos haciendo, más que por nosotras, por todas las mujeres que transitamos por la calle”, dijo Gina Potes, directora de la Fundación Reconstruyendo Rostros y la primera mujer víctima de un ataque con ácido que conoció el país.

El actual no es el primer intento normativo con el que se pretende ponerles freno a las agresiones con agentes químicos y castigar severamente a los responsables.

Mediante la Ley 1639 del 2013 se fortalecieron las medidas de protección a las víctimas de este flagelo y, sin embargo, 25 meses más tarde no hay un balance para determinar sus efectos.

“Venimos radicando varios proyectos para diferenciar las penas, para crear un sistema de atención pronto, oportuno, y además para que no se presente ni una más. Es un delito general que el Código Penal establece como lesiones personales, y usualmente son lesiones permanentes en el rostro”, explicó el representante Carlos Guevara, del Partido Político MIRA. En el marco actual, la condena por un ataque con ácido puede oscilar entre 1 y 10 años de prisión según la gravedad de las lesiones.

De otra parte, está el Decreto 1033, que el propio presidente de la República, Juan Manuel Santos, firmó el 30 de mayo del año pasado y que aborda controles sobre las sustancias empleadas en los ataques, así como la creación de un registro público para controlar su comercialización.

La periodista Martha Soto, en su libro ‘El renacimiento de Natalia Ponce de León’, cuenta cómo solo dos meses después de firmado ese decreto, la madre de la joven –agredida el 27 de marzo del 2014– comprobó en un almacén de grandes superficies que podía comprar la misma cantidad del ácido con el que habían atacado a Natalia, sin que la cuestionaran por ello.

Y a esa falta de acciones, que ha obligado a las víctimas a marchar en repetidas oportunidades, se suma la carencia de políticas transversales para enfrentar los ataques con ácido, que, en cuentas del Instituto Nacional de Medicina Legal, bordean los 50 casos en el país en lo que va del 2015.

El tema de las recompensas, por ejemplo, ha dado mucho que hablar en ámbitos como las redes sociales. Los internautas han mostrado su rechazo, entre otras razones, porque mientras en casos como el de Natalia la Policía ofreció una recompensa de 75 millones de pesos, para dar con el paradero del agresor, en el de Yenny Pardo el monto fue de 10 millones. Sin embargo, para la mayoría de las víctimas ni siquiera se habla de la entrega de dinero por información sobre los supuestos atacantes.

Y qué decir de la falta de centros especializados para atender a las víctimas física y psicológicamente, y de los protocolos médicos, que, si bien han avanzado, no son suficientes. Así que sea cuál sea el desenlace del proyecto en el Congreso, si las penas se incrementan o no, todavía es largo el camino para enfrentar la tragedia que indigna a miles de ciudadanos.

Yenny, la octava víctima de un delito que avergüenza

Hace solo dos días, Yenny Marcela Pardo Roa fue sometida a una nueva intervención quirúrgica en el Hospital Simón Bolívar, donde permanece desde el miércoles 2 de septiembre luego de ser agredida con un agente químico. Un desconocido le lanzó al rostro la sustancia, que le afectó varias partes del cuerpo, entre ellas cabeza, cuello, pecho y brazos.

Aunque la Policía y la Fiscalía General de la Nación, que han trabajado en conjunto en este caso, han indicado que ya cuentan con información sobre el agresor y los móviles del hecho, no han hecho públicos los detalles. Solo el jueves mostraron un retrato hablado del atacante y ofrecieron una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que contribuya a dar con su paradero.

La mujer, estudiante de décimo semestre de Administración de Empresas en la Universidad Cooperativa de Colombia, se convirtió en la víctima número 8 de este flagelo en Bogotá, este año. Su madre, Miriam Roa, ha dicho en varias oportunidades que su hija es fuerte y que la están apoyando en su proceso de recuperación.

Debaten nuevo aumento de penas

Como un delito autónomo dentro del Código Penal quedaría tipificado el ataque con ácido o sustancias similares, según la ponencia para tercer debate del proyecto de ley que busca endurecer los castigos para esta conducta.

La iniciativa ha sido objeto de una intensa polémica. De hecho, recibió un concepto negativo del Gobierno y reparos de la Fiscalía.

El objetivo del proyecto es elevar las penas por las agresiones con estas sustancias, tema en el que Colombia ocupa el tercer lugar en el mundo, (después de Bangladés y Pakistán).

La ponencia, que se comenzaría a discutir esta semana en la Comisión Primera del Senado, plantea penas de entre 12 y 20 años de prisión, que se elevarían a entre 20 y 30 cuando haya deformidad o daño permanente. También se castigará la “tenencia, fabricación y tráfico de sustancias u objetos peligrosos”, de manera ilícita, con entre 4 y 12 años de cárcel.

Los reparos

Este tercer debate fue precedido por los reparos que el Consejo de Política Criminal y la Fiscalía hicieron después de que el proyecto fue aprobado en plenaria de la Cámara. El Gobierno argumenta que aún no se ha hecho un balance de los resultados de la Ley 1639 del 2013, que endureció las penas por la comisión de estos delitos. La Fiscalía ha manifestado que el aumento de penas “no soluciona nada” y que lo que se debe hacer es cumplir con las que hay.

Estos conceptos, sumados a una ponencia que pedía hundir la iniciativa, hicieron que la Fundación Natalia Ponce de León, liderada por la víctima más visible de estos ataques, lanzara una alerta. Su llamado derivó en una sesión convocada por la Comisión Primera del Senado, en la que se escucharon las distintas posiciones. Luego de ello se elaboró esta nueva ponencia, que lleva la firma de senadores como Horacio Serpa (Liberal), Paloma Valencia (Centro Democrático) y Claudia López (Alianza Verde).

ALEJANDRA P. SERRANO GUZMÁN
Redactora de EL TIEMPO
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