Campesinos, víctimas y territorio, por Carlos Baena

Baena columnaLa Crónica del Quindío. 

La semana pasada, el Congreso de la República en pleno, evaluó el impacto de la ley de Víctimas, escuchó a los líderes provenientes de diversas regiones del país y analizó la ejecución del Gobierno en esta materia tan sensible. Algunas de las conclusiones y propuestas que presentamos desde el Movimiento Mira en ese foro, las compartimos con ustedes por este medio.

Lo primero que hay que hacer, es reconocer que la expedición de la ley 1488 de 2011 constituye un avance muy significativo, incluso en el contexto internacional, toda vez que promueve un cambio del paradigma: traslada el enfoque de la atención pública y estatal, que tradicionalmente ha estado en los victimarios, para volver su mirada hacia las víctimas y, particularmente hacia el proceso de reparación integral.

Dentro de ese contexto, la Restitución de Tierras desarrolla un papel protagónico; no obstante, sus mayores debilidades se encuentran en la falta de celeridad y la escasa cobertura real.

El diseño actual del sistema, mediante procesos judiciales, es evidentemente más dispendioso y extenso de lo que podría ser, por ejemplo, acudiéndose a un trámite administrativo, como lo han sugerido ya algunos congresistas.

Por otra parte, de las 20.000 solicitudes aproximadas que se han elevado, las estadísticas indican que apenas alrededor de unas 1.000 se han despachado satisfactoriamente. Existe entonces un rezago promedio del 95 % y si a lo anterior se suman las declaraciones de presidencia de la República, en las que ahora reconocen que reparar a todas las víctimas no será viable, el panorama se muestra desalentador.

En ese contexto, y asegurando que la tierra debe ser para las víctimas, y no para los victimarios, la gran pregunta es ¿cómo lograr, no solo el retorno, sino la permanencia y el arraigo de quienes lo perdieron todo por causa de la violencia?

La respuesta es, según proponemos, que el Estado cree, implemente y asegure una verdadera política pública del campesino y del agro en Colombia, superando así los intereses transitorios de cada gobierno.

No puede darse una verdadera reparación a las víctimas, si esa reparación no es integral y no será integral si no hay condiciones para regresar y permanecer en el territorio.

Es imperativo garantizar la seguridad, pero respaldando estatalmente al campesino, lo cual, aún no se ve ni se siente con claridad en nuestro país.

Si estamos con las víctimas en Colombia, es imperativo que exista una política pública para los campesinos. Solo de este modo podremos hablar de verdadera solidaridad y acompañamiento al campo colombiano.

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